CLASES DE NEGOCIO JURIDICO

ene 14

CLASES DE NEGOCIO JURIDICO

 CLASES DE NEGOCIO JURIDICO

BREVES REFLEXIONES INTRODUCTORIAS BASICAS

Antes de abordar lo relativo  a las diferentes clases de negocio jurídico, tema central del presente trabajo, considero necesario retomar diversos aspectos que a continuación señalo:

a)    Distinción entre acto jurídico y negocio jurídico.

b)    El papel que desempeña la voluntad en el acto jurídico y negocio jurídico.

c)    ¿Será cierto que el Derecho positivo mexicano, únicamente adopta la teoría francesa y no así  a la alemana? Si la respuesta es afirmativa; ¿Es solo un mito?

d)    ¿La autonomía privada al ser restringida por el Estado, esta ha desaparecido?

e)    ¿Un contrato es un negocio jurídico?

f)     ¿Cuáles son las clases de negocio jurídico?

A lo largo de este peculiar trabajo resolveremos estas dudas; estimados lectores como podrán advertir, escribo en plural, porque afirmo que al analizar este modesto estudio, ustedes mismos estarán en aptitud de realizar sus propias conjeturas que en el mejor de los casos coincidirán con las expuestas, o quizá sean contrarias y por ello respetables, pero mi propósito fundamental es que las ideas vertidas en esta presentación sirva para la formación de un criterio propio y no impuesto.

Una vez, dicho lo anterior, preparémonos entonces  para adentrarnos al desarrollo de este trabajo de investigación.

Desde antiguo y de una manera muy simplista, se  ha propuesto que la norma que constituye el derecho objetivo, para producir efectos jurídicos tanto relaciones jurídicas que comprenden derechos subjetivos y deberes jurídicos como nuevas normas, requiere ser puesta en juego por una mutación fenomenológica, por un acontecer, intervenga o no en él la voluntad humana de particulares y del estado y, también que ese acontecimiento por la propia norma como digno de protección jurídica y causa de efectos jurídicos.[1]

En otras palabras de la ley no nacen las relaciones jurídicas, tampoco se extinguen, ni se trasmiten, ni modifican; sino es de la ley entonces ¿De dónde? o ¿Acaso de los individuos? ¿Las personas somos fuente creadora de la norma, o mejor dicho nuestra voluntad tiene semejante poder?  Estas no son interrogantes menores o simplezas sin sentido ni contenido.  Al respecto muchos estudiosos del derecho opinan que no, otros más sostienen lo contrario, pero la posible solución la tenemos nosotros mismos, analizando las llamadas teoría clásica o francesa, conocida como bipartita y en contraposición la teoría alemana o tripartita. Tocante a ello, los sostenedores de la llamada doctrina bipartita, argumentan que la ley o la norma es la única fuente de nuevo derecho objetivo a través de la actividad estatal, ya que los particulares no pueden crear normas y que los hechos jurídicos de los particulares, en sentido amplio, sólo son fuente de derechos subjetivos y de deberes o relaciones jurídicas, pero no de derecho objetivo o nuevas normas.[2]

Otra doctrina llamada tripartita, descubre dentro de los hechos jurídicos o presupuestos concretos originados por particulares unos de naturaleza diferente o especial a los que la propia doctrina denomina y clasifica como negocios jurídicos, que contra lo señalado por los franceses (teoría clásica) además de ser fuente de relaciones jurídicas y sus elementos derecho subjetivo y deber jurídico, también son fuentes de nuevas normas o de nuevo derecho objetivo, cuando menos entre las partes.[3]

Noten aquí estimados lectores que la teoría bipartita (teoría clásica),  que también es conocida así por ser dos sus elementos de composición: hechos jurídicos y actos jurídicos; versa su estudio en la división del hecho del cual emerge tan singular clasificación; mientras que la teoría alemana o tripartita, aportó un nuevo elemento: el negocio jurídico, pues se le atribuye al alemán Daniel Nettelbladt.

Así las cosas que los alemanes “perfeccionaron” válgase la expresión a la teoría francesa, pues incluyeron un nuevo elemento, pero ¿Qué factor contribuyó para ello? ¿Cuál fue el objeto que les hizo llegar a la inclusión de este componente? Sí, así como seguramente lo están pensando, fue la voluntad. El papel de la voluntad fue fundamental para el surgimiento del negocio jurídico, ya que para esta teoría desempeña una función vital, como el corazón, para el ser humano.

En cuanto a ello es importante mencionar que la voluntad interviene en dos momentos: en la realización del acontecimiento y en la producción de las consecuencias jurídicas, lo que no sucede en el acto jurídico conforme a la doctrina francesa, pues la voluntad, únicamente está presente en la realización del acontecimiento, pero  la ley es la que impera o rige las consecuencias de derecho; es decir, percátense que en el acto jurídico se configura la ausencia de voluntad sobre los efectos o consecuencias jurídicas.

Como lo habrán visto ya, el papel protagónico de la voluntad se da únicamente en el negocio jurídico y permítanme hacer la vulgar comparación con actores u actrices de cine, por un lado tenemos la cinta denominada: “Negocio jurídico” aquí nuestro actor, llamado voluntad juega un papel central, la historia gira alrededor de su actuación; no así con el acto jurídico, pues aquí ese actor tan famoso: “voluntad” debe compartir créditos, aunque no quiera con su “coestelar”, llamada: “voluntad estatal”.

Espero que no les moleste mi modo tan simplista de ejemplificar el producto de dos doctrinas, pues considero que la mejor forma de “desmenuzar” conceptos en teoría complejos, no es más que con la sencillez de la vida cotidiana.

Seguramente, se estarán preguntando cual es el objeto de que el autor de este  pequeño trabajo, nos escriba de esto, si ello ya lo conocemos a la perfección; lo cual no dudo, pues como expertos de la materia habrán ya de dominar, pero esto tiene un propósito especifico y es ver y entender el alcance del papel de “estrella” que tiene la voluntad en el negocio jurídico.

En sus clases antiquísimas de Derecho Civil, se hablaba de elementos de existencia y validez que seguro recuerdan; pues el negocio jurídico  en mi opinión rompe con esta idea tradicionalista e imperfecta, pues la doctrina que nos fue impartida en las aulas únicamente se centraba en la voluntad como un elemento de existencia (entre otros mas); es decir, partía de la idea de que solamente debía estar presente en el querer el acto u acontecimiento, más nunca se expuso la idea de que la voluntad debía participar  en las consecuencias de derecho, esto no es un argumento novedoso ni mucho menos, es producto de la doctrina alemana, aunque los italianos también disputan su autoría. Bajo esta óptica podríamos hablar de la doble intervención de la voluntad; pues debe desplegarse en dos momentos, como ya lo señalé con anterioridad.

Hagamos esta pequeña reflexión  y preguntémonos ¿En qué acontecimientos en donde participa el hombre y despliega su voluntad trae aparejada consecuencias de derecho? O mas especifico ¿En qué acontecimientos o sucesos de participación del hombre, este despliega su voluntad en dos momentos? A primera vista y sin ningún análisis diríamos en ninguno y no faltaría quien dijera: “eso es imposible” “no existe”, o quizá pretendieran evadir el tema, pero no se trata de ello, sino de llegar a una solución, que claro también será materia de análisis, pues el derecho es dinámico y no estático, pues obedece a los cambios en la sociedad. Aquí entran una serie de conflictos de acuerdo a la formación que cada uno de nosotros haya tenido, pues no es fácil dilucidar que negocio jurídico es aquel que cumple con las particularidades de las anteriores interrogantes. Nótese que ya estoy hablando de negocio jurídico y no de acto jurídico, pues en líneas anteriores marque sus diferencias y según lo ya expuesto ustedes me dirían con bastante claridad, de que se trata tanta vuelta, cual es el objeto, vaya al grano, usted ya lo dijo antes ese fenómeno es el negocio jurídico y punto final, pero este no existe en la ley como tal, al menos no el Código Civil para el Distrito Federal ni en materia Federal, así que  mientras no lo vea, no existe, quizá esos razonamientos apasionados encontrarían eco en algún lugar, pero en el posgrado de Derecho  Civil, lo veo difícil dada la gran capacidad de los estudiantes que no se conforman con la “simplezas” que escucharon y aprendieron en la Licenciatura, por lo que estoy seguro me acompañaran a lo largo de este trabajo, para encontrar la respuesta a ya bastantes interrogantes.

Dicho lo anterior, como pistas les puedo decir  que todos ustedes alguna vez en su vida lo han visto, han escuchado de él, bueno hasta lo han firmado. Si señores, me refiero al CONTRATO, este es una especie de negocio jurídico o una clase del mismo.

El análisis de la figura del contrato, de su naturaleza, papel en el proceso de producción de efectos jurídicos y de sus elementos y efectos, nos lleva necesariamente a concluir que el contrato es una especie de negocio jurídico, porque todas las características atribuidas al negocio jurídico se contienen en el contrato, con excepción de la de poder ser unilateral o plurilateral. Además puede concluirse que el contrato es un negocio jurídico por la sinonimia que se atribuye al término negocio jurídico con el contrato en muchas leyes positivas y frecuentemente en la doctrina y porque la propia doctrina considera al contrato como la forma más acabada, característica y usual del negocio jurídico.[4]

Autores como Raúl Ortiz-Urquidi, han llegado a esa conclusión y al caso me permito citar literalmente lo expuesto por dicho tratadista: “…en el negocio, la voluntad interviene en los citados dos momentos: en la realización del acontecimiento y en la producción de las consecuencias jurídicas. El ejemplo típico es el contrato, pues voluntariamente lo realizan quienes lo celebran—-primer momento–y los propios contratantes están deseando al celebrarlo—segundo momento—la producción de las correspondientes consecuencias jurídicas. Verbigracia: el comprador y el vendedor voluntariamente celebran el contrato de compraventa, e indiscutiblemente que lo hacen con la innegable intención de que se produzcan, entre otras y como principales las consecuencias jurídicas de adquirir el uno la propiedad de la cosa y el otro el precio”.[5]

Del ejemplo, que obra en la cita anterior, alguien podría llegar a decir con cierta lógica que en la compraventa es claro que se hace por voluntad de los contratantes y las consecuencias jurídicas, es decir el dar la cosa y pagar su precio, no son su estricta  voluntad, pues esos efectos están señalados en la ley; y si una persona no lo hace se le puede obligar a que lo haga, entonces ya no hubo voluntad en este segundo momento, e incluso frenéticamente señalen: “ven como no funciona la teoría del negocio jurídico, por eso debemos quedarnos con la del acto jurídico”. A ese tan elocuente pensante, se le puede sacar del error en el que ha vivido y con el que con tanto furor defiende tan equivocada postura, con el siguiente razonamiento: Se ha dicho que el negocio jurídico atiende a la autonomía privada o de la voluntad y eso así es, pues ante su ausencia no hay negocio jurídico, luego entonces en el ejemplo de la compraventa referido, es cierto que la ley señala las consecuencias de la celebración de la compraventa, que como sabemos es entregar la cosa a cambio de recibir una cantidad de dinero, pero mis estimados amigos, díganme ¿La ley impone lo que ha de pagarse,  o cómo ha de hacerse? ¿La ley señala acaso cómo y en qué condiciones se entregara la cosa? No verdad, hay cierta libertad como lo pueden advertir, o como lo han señalado diversos autores autonomía privada o de la voluntad, pero esto es solo el comienzo, con fines ilustrativos me permito insertar diversos artículos del Código Civil para el Distrito Federal relativos a la compraventa que son bastante ejemplificativos en esta exposición de ideas;

Articulo 2249.- Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada, ni el segundo satisfecho.

Artículo 2251.Los contratantes pueden convenir en que el precio sea el que corre en día o lugar determinador o el que fije un tercero.

Artículo 2252. Fijado el precio por el tercero, no podrá ser rechazado por los contratantes, sino de común acuerdo.

Artículo 2253. Si el tercero no quiere o no pudiere señalar el precio, quedará el contrato sin efecto, salvo convenio en contrario.

Aquí ilustres juristas percátense de la existencia del negocio jurídico y no del acto jurídico como se ha venido sosteniendo y que lamentablemente algunos de ustedes han llegado a aceptar y peor aun a repetir, pues hemos escuchado innumerables veces  decir que nuestro Código Civil para el Distrito Federal no comprende la idea de negocio jurídico y que adopta la teoría francesa del acto jurídico, lo cual desde luego es completamente incorrecto y absurdo, cuya idea debe ser abortada, borrada de nuestras mentes, pues es una creencia sin fundamento alguno y que se basa en que no encuentran en los articulados las palabras: negocio jurídico.

De los artículos antes citados, se desprende la autonomía de la voluntad de los contratantes, pues incluso el contrato se perfecciona en aras de la voluntad consensuada, aun cuando no se haya entregado la cosa ni pagado su precio. Este fenómeno, si así lo quieren llamar no puede ser explicado por el acto jurídico (teoría francesa o bipartita), pues para estos doctrinarios, las partes no pueden desplegar su voluntad en las consecuencias del derecho y vemos con el ejemplo y más aún aterrizado a nuestro Derecho positivo que el legislador recoge y respeta  el principio de la autonomía de la voluntad y así existen un gran número de figuras que debido a su extensión nos  resulta imposible por ahora avocarnos al estudio de todas, siendo importante que en forma clara y contundente ustedes puedan formular su conclusión acerca de si estos ejemplos o no, desdicen la idea de que nuestra legislación únicamente atrajo la teoría francesa.

Si lo anterior, no fue suficiente variemos un poco la dinámica de este trabajo y pensemos sobre la naturaleza del testamento ¿Es un contrato? ¿Una declaración unilateral de la voluntad?  ¿Qué es?  Desde luego que todos ustedes en su mente llega la respuesta de acuerdo de voluntades y no un contrato,  pero se han preguntado alguna vez, la razón del porque un testamento no sea un contrato, quizá no lo hayan hecho y hasta ahora reflexionen sobre ello, pero lo que es seguro es que ustedes conocen la respuesta. Como todos ustedes saben para que haya un contrato se requiere de por lo menos dos voluntades y cuando esto no es así, entonces se trata de ¿una mutación jurídica? O ¿Qué? Pues quizá sea un fenómeno curioso que no se puede entender por sí mismo, sino es por la existencia del negocio jurídico. Así es, un testamento es un negocio jurídico, porque en él se está a la voluntad última del testador y esta debe respetarse sobre todas las cosas. En otras palabras siempre que se esté ante la autonomía de la voluntad, en realidad es el negocio jurídico, pues este es el género y puede tener tantas especies, como autonomía de la voluntad exista. 

Al inicio de esta breve investigación, preguntaba si en verdad era un mito esto de la adopción única de la teoría francesa a nuestro derecho positivo y al respecto me atrevo a decir,  contundentemente que si es un MITO, es más constituye una falacia sin base alguna y para los que aun no se convencen de ello, procederé a citar algunos artículos más de el Código Civil para el Distrito Federal, además de las opiniones de expertos en la materia.

Articulo 1796.- Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos casos que debe revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias, que según su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso a la ley.

Artículo 1832.-En los contratos civiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezcan que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas, fuera de los casos expresamente señalados por la ley.

Articulo 1839.-Los contratantes pueden poner las clausulas que crean convenientes; pero las que se refieran a requisitos esenciales del contrato o sean consecuencia de su naturaleza ordinaria, se tendrán por puestas aunque no se expresen, a no ser que las segundas sean renunciadas en los casos y términos permitidos por la ley.

Artículo 1858.- Los contratos que no estén perfectamente reglamentados en este código, se regirán por las reglas generales de los contratos, por las estipulaciones de las partes y, en lo que fueron omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan más analogía de los reglamentados en este ordenamiento.

Artículo 1859.- La disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los convenios y actos jurídicos en lo que se opongan a la naturaleza de éste o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos.

Ahora bien, el autor Luis Eduardo Paredes Sánchez, en su obra intitulada: “Presupuestos del negocio jurídico” señala lo siguiente: “Si embargo, aunque la estructura y buena parte de las disposiciones de nuestro Código son de origen francés, es de destacar que la Teoría General de las Obligaciones está tomada del derecho germánico, y en ese sentido es susceptible de ser atendida a los ojos del negocio jurídico, máxime que dicha figura está inducida a partir del análisis de institutos jurídicos similares a los de nuestro derecho y por ello compatible con las ideas que nos ocupan.

Dejaré sentado que el Derecho Civil Mexicano (al a menos al nivel del Distrito Federal y Federal), las reglas generales de los contratos son aplicables al negocio jurídico en general por remisión del artículo 1859 y por ello, nuestro estudio debe tener siempre a la vista dichas disposiciones, para esta apegado a la realidad de la legislación vigente”.[6]

En oposición a estas ideas están maestros como Domínguez Martínez que se limitan a precisar que para hablar de gestión de negocios en nuestro Código Civil, necesariamente este debe referirse a dicho concepto, lo cual, no acepto, por las razones aludidas con anterioridad; sin embargo, será usted lector el que juzgue y se formara su opinión en cuanto al tema, pero para que conozcan ambos argumentos citare en lo conducente al tan admirable maestro;

“La influencia directa recibida tanto del Código Napoleón como de la doctrina francesa, se ha reflejado y ha cristalizado con los diversos ordenamientos civiles sucesivamente vigentes en el Distrito Federal. Particularmente el Código Civil actual  omite cualquier alusión al negocio jurídico y por el contrario la referencia expresa o a los actos jurídicos es constante en su contenido.

En efecto de no ser respecto de la gestión de negocios, difícilmente encontramos cualquier otra mención del vocablo negocio o negocios y la utilización de la palabra en la parte relativa a la figura apuntada, es para ludir a asuntos o negociaciones, más no para referirse al concepto ahora comentado.”[7]

En lo particular considero sin ánimo radical ni mucho menos, que sin motivo o razón aparente no se ha reconocido la influencia germánica en nuestra legislación civil, quizá porque pocos estudiosos del derecho civil han centrado su estudio en ello, o simplemente lo han considerado  como sinónimo de acto jurídico, cuando es claro que no lo es; pero en una postura más neutral sostengo que el Código Civil del Distrito Federal adopta ambas doctrinas la clásica o francesa y la tripartita o alemana, pues solo a menos que no estuviera regulado el contrato y la autonomía de la voluntad en este ultimo y no existiera el testamento ni el poder, quizá entonces si estaríamos ante la presencia clara del acto jurídico; sin embargo, ello no es ni podría ser así, por lo que definitivamente hablar solo de que el legislador recogió las ideas de la teoría clásica es un claro error. Nuestro Código Civil local evidentemente tiene de ambas doctrinas, es mixto.

Para concluir con este dilema y porque sé que al haber tocado el tema de la autonomía privada o de la voluntad, necesariamente estoy obligado a tratar la restricción o limites a la tan mencionada voluntad; lo haré pero en forma discreta por no ser el tema central y desde este momento adelanto que si bien existe restricciones a la voluntad y que estas se encuentran inmersas en la ley misma; esto de ninguna manera implica que en forma definitiva se haya perdido la facultad de los particulares de auto determinarse y por lo tanto se diga que la autonomía privada o de la voluntad se haya tirado al cesto de basura.

Bastantes de ustedes que me dirán que la autonomía privada está limitada a la ley; y ante ello debo reconocer semejante observación, porque es cierta y esto atiende a diversos aspectos históricos que no forman parte de esta investigación como ya lo dije,  pero en lo relativo a ello solo me serviré precisar lo señalo por el autor DE CASTRO:  “no acepta ni la concepción normativista —que considera la autonomía de la voluntad como «simple ocasión para que actúe la máquina del Estado»ni la individualista —que la considera como algo que «sólo a los interesados importa, por lo que se les ha de negar toda justificación a las normas imperativas que la limiten»—; y proclama que «es una exigencia que lleva consigo la misma condición de la persona humana», y que «la intervención resolutiva del Estado con el despliegue de todas sus fuerzas (jueces, funcionarios de la administración, agentes ejecutivos, policía)», «habrá de tener su propia justificación», «valorada desde el punto de vista de la comunidad», es decir, con la explicación del criterio del bien común, sostenido por el iusnaturalismo clásico.

Digamos que, bajo este punto de vista, no debe existir una dialéctica entre Estado e individuos en orden a la creación, modificación y extinción de las relaciones jurídicas, ni dos ámbitos cerrados —uno de subordinación y otro de libertad— en los que respectivamente, una y otros, impongan su voluntad: el Estado heteronómicamente, con leyes, y los individuos autonómicamente, con los negocios jurídicos, en aras de autonomía de su voluntad. El bien común ha de señalar la pauta en todo el campo del derecho que deben respetar, al positivizar lo que haya de ser derecho, tanto el Estado como los particulares, y que ese respeto, no sólo constituye un deber moral, sino que se debe imponer como condicionante del valor jurídico, tanto de las normas emanadas de aquél como de los negocios jurídicos dimanantes de éstos”.[8]

DE CASTRO contempla la situación objetivamente. Los poderes sociales defienden libertades y autonomía; pero, frente a sus abusos, «los particulares» reclaman el apoyo del Estado para que los limite. «De lo que resultan presiones de un lado y de otro, que coinciden en disminuir el alcance de la autonomía privada» que, «no obstante esta especie de círculo infernal», prosigue activa, tal vez, «por los encontrados intereses de las fuerzas sociales en lucha, por el valor mismo de las ideas de libertad e igualdad para la propaganda política y, sobre todo, por esa necesidad interna que siente toda ordenación jurídica de justificarse en principios de justicia. De ese valor trascendente del amparo de la autonomía privada, parecen conscientes los políticos, y así se ha llevado a los textos constitucionales, como uno de los derechos naturales del hombre al libre desenvolvimiento de la personalidad.[9]

 

Con las citas anteriores, se me ocurre un ejemplo, ya que muchos de ustedes ponen a los bebes como directrices de ilustración metafórica, pondré uno en aspecto de la familia, pues no imagino situaciones con bebes. Así que  imagínense a una mama (Estado)  que cuida a su hija adolescente con dieciocho años de edad (símil de particular), el punto es que esta adolescente desea que su madre le de toda la libertad del mundo para que haga lo que quiera (tatuarse, embriagarse, etc), pues la hija ve a la madre como toda una tirana. Un día la madre sale de la casa y le dice a la hija, quédate en la casa, pero no te salgas de esta, si esto ocurre me enteraré y te castigaré. La adolescente entonces responde que no saldrá, pero que en la casa hará lo que quiera, la madre le contesta haz lo que quieras, mas no te salgas y ella le dice que sí, que está bien. A las dos horas de ausentarse la madre y que la adolescente se aseguró que esta no llegara, invita a su novio quien entra furtivamente a la casa y junto con otros invitados hacen toda una fiesta “de liberación”. Finalmente la adolescente no rompió la regla impuesta, hizo su voluntad; pues para este ejemplo la madre no había dictado mas reglas con anterioridad como la prohibición de entrada al hogar de novios furtivos.

Con la sencillez del ejemplo se evidencia que no porque exista un límite en la ley a la voluntad, se diga entonces que la autonomía privada o de la voluntad se ha extinguido.

Confió que con lo hasta desarrollado, usted sea capaz de resolver la incógnita de si ha o no desaparecido la autonomía de la voluntad; o estamos ante también un freno de la voluntad, pero con dotes de autonomía.

Una vez que se han expuesto las ideas anteriores que en mi opinión son básicas para arrancar con el tema de clases de negocio jurídico, nos adentraremos a estas,  no sin recoger la idea de que el negocio jurídico es un contrato, pero aquí cobra  vital importancia la siguiente, premisa o formula: TODO CONTRATO ES UN NEGOCIO JURÍDICO, PERO NO TODO NEGOCIO JURÍDICO ES UN CONTRATO.

La importancia  del contrato en el derecho moderno, se desprende de que el contrato es la institución central, la piedra angular no solo del derecho civil, sino de todo el derecho, que no es sino una trama o urdimbre de contratos.[10]

A lo largo de la historia, muchos han dado unas y otra definiciones de CONTRATO, los seguidores de la doctrina francesa dirán que es un acto, lo de la teoría alemana que es una especie de negocio jurídico, en afán de poder realizar nuestros propios conceptos, empezaré a citar lo que un clásico como SAVIGNY nos dice al respecto del contrato: “…es el acuerdo de muchas personas sobre una manifestación común de voluntad destinada a regir sus relaciones jurídicas, en efecto, pueden existir contratos en derecho internacional público, privado y en la esfera del derecho de propiedad respecto de sus instituciones…”[11]

Al respecto Carlos de Pablo Serna, dice: “… Que en la práctica jurídica como de la naturaleza y estructura de la autonomía de la voluntad resulta que ella sólo se da y tiene cabida en el derecho privado y dentro de este en el patrimonial.

El ámbito de la autonomía de la voluntad como poder creativo de normas sólo existe en el derecho privado, no en el público y mucho menos en el internacional; luego el contrato, como especie de concepto fundado en la autonomía de la voluntad el negocio jurídico solo puede tener lugar y cabida en el derecho privado.

A los pactos de derecho internacional déjeseles el nombre de tratados y convenciones y no se pretenda atribuírseles naturaleza contractual de la que sólo tienen nombre y el reconocimiento del acuerdo que hay entre las partes.

En el derecho privado mismo, existe un amplio campo de relaciones jurídicas donde no cabe la autonomía de la voluntad, entre ellas muchas de las relaciones de derecho familiar puro y las relaciones que no son de contenido patrimonial como las del derecho de la personalidad.

Quien se casa o adopta, simplemente decide si lo hace o no y realiza un acto jurídico (no negocio jurídico) por lo que le sobrevienen los efectos jurídicos como están establecidos en la norma, sin que nada pueda conformar, se vuelve sujeto de la relación.

El autor de un acto de derecho familiar no pone en juego su autonomía privada porque ella no cabe en el derecho familiar puro.

Sin autonomía privada que es un elemento de esencia del contrato, no hay contrato.

Déjese a los acuerdos de derecho familiar la denominación de convenciones.

Respecto del derecho no patrimonial tampoco puede hablarse propiamente de contratos, porque en él no existe la autonomía de la voluntad y por tanto tampoco negocio jurídico.

Termina diciendo que contrato es la especie del genero negocio jurídico, que como expresión de la voluntad privada se constituye por un acuerdo o concordancia de manifestaciones de voluntad tendientes a la creación, modificación, transmisión o extinción de relaciones y a la creación de normas jurídicas que se producen porque el derecho objetivo considera a las manifestaciones de la voluntad que forman el acuerdo, dignas de tutela.”[12]

Atraje muchas de las ideas del autor antes invocado, porque compagino en muchas de estas ideas y porque considero que se encuentran llenas de razón ya que la autonomía privada o de la voluntad es el núcleo del negocio jurídico, su ausencia determina si estamos ante un acto u negocio jurídico, pero lo destacable es el papel que juega este elemento para la formación del contrato. ¿Qué otro ingrediente se necesitará aparte del objeto? ¿Qué elementos determinaran la existencia de un contrato? Con esta última interrogante no  me refiero a los de existencia y validez. Un CONTRATO ES CONTRATO SI EXISTE AUTONOMIA PRIVADA DE LA VOLUNTAD Y SI ESTA VERSA EN EL ASPECTO PATRIMONIAL; PUES NADIE PUEDE MANIFESTAR SU PODER DE IMPERIO DE AQUELLO QUE NO PUEDA DISPONER (PATRIMONIO); POR TANTO LIMITAR EL CONCEPTO DE CONTRATO A LOS NEGOCIOS JURIDICOS PATRIMONIALES ES LO CORRECTO; O BIEN DICHO DE OTRA MANERA NO EXISTE CONTRATO QUE NO TENGA UN CARÁCTER PATRIMONIAL-PRIVADO. Aun en la donación gratuita o todo negocio jurídico gratuito que se les ocurra existe un carácter patrimonial que únicamente se desplaza. Aquí es menester no confundirlo con contraprestación. El patrimonio va un lado a otro como objeto lanzado de trampolín en trampolín.

            Ahora bien demos la definición de contrato según el último autor citado. “Contrato es la especie del genero negocio jurídico, que como expresión de la autonomía privada se constituye por un acuerdo de voluntad tendientes a la creación, modificación, transmisión o extinción de las relaciones y a la creación de las normas jurídicas que se producen porque el derecho objetivo considera a las manifestaciones de voluntad que forman el acuerdo, dignas de tutela.”

Las ideas expresadas en líneas anteriores, tienen la finalidad perseguida de que se percaten que el negocio jurídico es el género y la especie es el contrato, por lo que para estar en aptitud de conocer la clasificación del citado negocio jurídico, debemos avocarnos a la del contrato, con mínimas diferencias, que a lo largo de  este trabajo se irán resaltando.

 

CLASIFICACION DE LOS CONTRATOS EN BASE A SU REGLAMENTACIÓN LEGAL O SU AUSENCIA

 

  1. I.              BREVES ANTECEDENTES HISTORICOS

El contrato como especie de negocio jurídico, necesariamente paso por un proceso histórico para adoptar la “concepción” que tenemos de este; es tan antiguo y mutable como el hombre, como bien saben ha estado ligado con el desarrollo de la humanidad, por lo que es un reflejo del hombre mismo.

Así las cosas que cuando nos referimos a una Institución Jurídica, regularmente nos remontamos al Derecho Romano, pues esta no es la excepción; sin embargo, también es claro que no se pueden saber con exactitud cuál fue la idea de contrato para los romanos, únicamente nos quedan vestigios que diversos estudiosos del tema han interpretado; sin embargo, nadie tiene la verdad absoluta.

Hoy en día se discute si los romanos entendieron el contrato como una forma genérica productora de obligaciones o bien, en realidad como sostienen muchos, conocían nada más ciertos contratos especiales.[13]

Los autores Mazeud hablan de los orígenes del contrato y se refieren al nexum, forma primitiva de la operación de préstamo y afirman que se trataba de una autoenajenación, pero no de un contrato ya que el derecho del acreedor no resultaba de un acuerdo de voluntades sino de una maldición (damnatio), sujeta a condición, que se expresaba del siguiente modo: “si el deudor no me rembolsa, sea damnatus”.[14]

Así que para los romanos los contratos se dividían en dos clases en nominados o típicos e innominados o atípicos. Respecto a los nominados en el Derecho Romano cada una de las convenciones sancionadas por el derecho civil constituía un contrato y se les designaba con un nombre específico y atendiendo al modo se formaba, distinguían cuatro especies de contratos:

a)    Los verbales (verbis) que se creaban mediante el empleo de palabras solemnes: estipulación.

b)    Los literales (litteris) que precisaban de menciones escritas.

c)    Los reales, que se perfeccionaban por la entrega de una cosa: mutuo, comodato, deposito y prenda.

d)    Los consensuales que se perfeccionaban por el solo acuerdo de las partes: venta, arrendamiento, sociedad y mandato.[15]

Referente a los innominados se trata de una clasificación sinalagmática no clasificada entre los nominados y que han sido ejecutados por una de las partes en vista de una prestación reciproca.[16]

Estos contratos que carecían de una propia denominación con los contratos, presentaban la particularidad de ser una causa justificativa del vínculo una datio o la prestación de un factum que una vez realizada daba derecho a obtener de la otra parte la correspondiente contraprestación.[17]

A mayor abundamiento y de manera breve me permitiré precisar escuetos datos relevantes los contratos romanos antes apuntados.

Las sponsio, operación religiosa en su origen, posteriormente seculizada y que luego dio lugar a la stipulatio, consistía en un compromiso adquirido por virtud de un juramento ante la divinidad, con formas y palabras. La sponsio no concedía un derecho a favor del que con ella se beneficiaba, sino que se constreñía al sponsor ante la divinidad.

La stipulatio, que resulta de la evolución de la sponsio, hace descansar la obligación en la promesa hecha por una de las partes en presencia de la otra, mediante determinadas palabras pronunciadas solamente, sin las cuales no surgía la obligación.

Tanto la sponsio como la stipulatio eran contratos verbales en el derecho Romano.

Por otro lado, los contratos literales (escritos) consistían en una inscripción hecha en un registro (el codex accepti et expensi), especie de libro de caja que servía a los ciudadanos para notar mensualmente los ingresos y salidas; sin embargo, si ignora si ese tipo de caja o registro era suficiente o se requería de una forma o instrumento de complemento.

En el siguiente paso a la evolución del contrato, lo constituye la aparición de los contratos reales, en los cuales la solemnidad o, inclusive la simple formalidad, dejan lugar, como elementos esenciales, a la entrega de la cosa, consecuencia del acuerdo de voluntades. Aparece así la regulación específica del mutuo, del depósito, del comodato y de la prenda.

Este sistema permitía  al adquirente disponer de la cosa, sin que surgiera a favor del primer enajenante un derecho de persecución, situación que se solucionó la institución de la forma contractual nominada, pues mediante ello se instauró el procedimiento de transmitir la posesión y no el dominio.

En los contratos consensuales el consentimiento opera de tal modo que bastará que se establezca sobre la cosa y el precio para que surja la obligación; aun cuando esta puede quedar condicionada o aplazada por voluntad de las partes. En esta clase las partes podían exigir que se les diera una forma especial a los contratos, cuando carecían de esta.

En el derecho romano, no todos los convenios obligaban a las partes. No obstante Petit señala que si una de ella ejecutaba lo que ha prometido, enriquece a la otra, y que desde entonces se hace equitativo que la que ha recibido la prestación esté civilmente obligada a cumplir con su promesa. Sucede algo análogo a un contrato re, y la prestación suministrada por una de las partes se convierte para la otra en causa suficiente de la obligación. Así es como han nacido nuevos contratos que los jurisconsultos califican de contractus incerti  y que los comentaristas han llamado los contratos innominados, porque no entran en ninguna de las cuatro clases de contratos que habían recibido un nombre particular.[18]

Dense cuenta que en el derecho romano, la circunstancia de que no estuviera reglamentado un contrato no implicaba por ello, que en automático se le llamara innominado, sino que debía concurrir esta situación, con el hecho de que alguien hubiere ejecutado una prestación.

En la actualidad la concepción de contratos innominados ha desviado su origen romano, puesto que se entienden por estos aquellos que no se encuentran reglamentados. Al respecto el autor Salvador Ruiz de Chávez y Salazar nos señala que: “En otros términos, los nominados son aquellos que por su importancia práctica, de uso más frecuente, han merecido la atención especial del legislador, siendo regulados en forma particular por el derecho positivo, por ende los nominados son todos aquellos que reglamenta nuestra legislación…sin embargo, el campo contractual no puede reducirse a esos contratos, porque los particulares, en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, de libertad contractual o de libre estructuración de los contratos, impedidos por las múltiples necesidades sociales en incesante evolución, puedan crean nuevas figuras jurídicas no conocidas por el ordenamiento positivo, que como toda convención legitima debe ser tutelada por el derecho. Se les llama innominados no porque carezcan de una denominación particular, sino porque están faltos de una disciplina legislativa especial.

Ejemplos de esta especie de contratos son: a) el de representación pública, aquel por virtud del cual el autor o sus derechohabientes entregan a una persona llamada empresario, una obra teatral para su representación pública; b) el de espectáculo, que se otorga entre el empresario de un espectáculo público –cine, teatro, toros, eventos deportivos, etc- y el espectador que paga por asistir a presentar el evento, y c) el de publicidad, por el que una de las partes llamada publicista, se compromete a realizar anuncios públicos, por medio de volantes, periódico, radio, televisión o por cualquier otro medio por encargo de una persona a cambio de retribución en dinero o en especie.[19]

En realidad el tema de clases o clasificaciones de negocio jurídico sobre el que trata este diminuto trabajo, es considerado como por muchos autores como un simple “deporte académico” ya que habrá tantas clasificaciones doctrinales como autores, en oposición a ello, se pronuncia Ruggiero, quien asevera. “No faltan sin embargo, autores que consideren estas clasificaciones como un deporte académico y renuncian a ellas por la imposibilidad que encierra categorías lógicas homogéneas las multiformes figuras que en la práctica puede ofrecer el contrato. Si las tentativas hechas no son plenamente satisfactorias, ello evidencia la ardua dificultad de la empresa, pero no su imposibilidad.”

 

Antes de abordar la ardua clasificación doctrinal de los negocios jurídicos es preciso, mencionar que para efectos prácticos se dividen en nominados o innominados; pero hay quienes les llaman nominados o típicos en posición a innominados o atípicos, lo cual resulta incorrecto, ya que desde el punto de vista jurídico el tipo es una descripción normativa. En consecuencia un contrato típico es aquel que tiene una descripción normativa y uno atípico es aquel que no la tiene. Por lo tanto, nada tiene que ver lo típico con lo nominado.[20]

A fin de evitar múltiples confusiones que se pueden dar al respecto citaré únicamente las clasificaciones doctrinales más concretas, pues cada autor la clasifica conforme al elemento que considera más relevante, pero ¿Qué es clasificar?  Clasificar es unir lo semejante y separar lo diferente (Antonio Caso).

Existen clasificaciones abstractas y concretas de los contratos.

Las clasificaciones abstractas.- Se refieren a las diversas categorías de contratos considerados en sus elementos orgánicos esenciales: sinalagmáticos, unilaterales, onerosos, etc.

Las clasificaciones concretas.-Se refieren a los contratos considerados desde el punto de vista de su denominación: compraventa, sociedad, mandato, etc.[21]

CLASIFICACIÓN, SEGÚN LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES

 

La primera y más sencilla de las es la relativa  las partes, en relación con su obligación CONVENIDA.

a)    Negocio unilateral. Cuando una o más personas se obligan para con otra u otras, en una sola dirección de la voluntad, sin que de parte de estas últimas se contraiga obligación alguna.

b)    Es bilateral o sinalagmático. Cuando ambas partes se obligan recíprocamente. Proviene del griego sinalagma, permuta o comercio, con el correspondiente trafico de obligaciones y derechos para ambas partes.

c)    Es conmutativo cuando cada una de las partes se obligan a dar o hacer una cosa que se acepta como equivalente de lo que se da, o de lo que se hace por ella.

d)    Es negocio gratuito o de beneficencia aquel que se da de una de las partes proporciona un beneficio puramente gratuito.

e)    Es a titulo oneroso aquel que se obliga a cada una de las partes a dar una cosa o hacer algo.

A continuación, me sirvo citar una clasificación que recoge a múltiples tratadistas, que en mi punto de vista particular comprende la mayor parte de los negocios jurídicos.

CLASIFICACIÓN DOCTRINAL GLOBAL

Reales.- Aquellos que se constituyen por la entrega de la cosa.

Consensuales (en oposición a reales).-  Aquellos que no necesitan la entrega de la cosa para constituirse.

Principales.- Aquellos que existen por sí mismos.

Accesorios (o de garantía).- Aquellos que dependen de un contrato principal y generalmente se constituyen para garantizar el cumplimiento de una suerte principal.

Preparatorios.- Los que se encaminan a crear un estado de derecho como preliminar necesario y aplicable a la celebración de otros contratos posteriores.

De efectos inmediatos.- En atención a su eficacia, son aquellos que quedan realizados en el momento mismo de su perfección.

De efectos diferidos.- En atención a la eficacia, son aquellos que tienen una realización posterior, no hay que confundir esta clasificación con instantáneos y de tracto sucesivo que atiende a la ejecución de las prestaciones.

Sinalagmáticos imperfectos.- Aquellos que en el momento de su celebración solo producen  obligaciones a cargo de uno de los contratantes; aunque por hechos posteriores, durante la vigencia de ese contrato, pueden nacer obligaciones a cargo de la otra parte. Son los intermedios entre los bilaterales perfectos y los unilaterales.

Nominados.- Llevan nombre especial dado por la ley

Innominados.- No tiene nombre legal

CLASIFICACIÓN, SEGÚN RICARDO TREVIÑO GARCIA[22]

 

  1. 1.    Contrato traslativos de dominio:

a)    Compraventa

b)    Permuta

c)    Donación

d)    Mutuo

  1. 2.     Contratos traslativos de uso o disfrute:

a)    Comodato

b)    Arrendamiento

 

 

  1. 3.    Contratos de prestación de servicios:

a)    Depósito

b)    Mandato

c)    Servicios Profesionales

d)    Contrato de obras a precio alzado

e)    Transporte

f)     Hospedaje

 

4.  Contratos de realización de un fin común:

a) Contrato de asociación civil

b) Contrato de sociedad civil

c) Contrato de aparcería agrícola

d) Contrato de aparcería de ganados

5. Contratos de garantía:

a)    Contratos de fianza

b)    Contratos de prenda

c)    Contratos de hipoteca

6. Contratos aleatorios:

a)    Contrato de juego y apuesta.

b)    Contrato de renta vitalicia

c)    Contrato de compra de esperanza

7. Contratos que previenen o resuelven controversias:

a) Contrato de transacción

b) Contrato de compromiso

 

CLASIFICACIÓN DE SANCHEZ MEDAL[23]

  1. 1.     Traslativos de dominio:

a)    Compraventa- permuta

b)    Donación-mutuo

  1. 2.    Traslativos de uso y disfrute:

a)    Arrendamiento-comodato

  1. 3.    De custodia:

a)    Deposito-Secuestro

  1. 4.    De garantía:

a)    Fianza-Prenda

b)    Hipoteca-Promesa

  1. 5.    De servicios:

a)    Mandato- Servicios profesionales

b)    Obra a precio alzado-transporte

  1. 6.    Aleatorios:

a)    Renta vitalicia- Compra de esperanza

b)    Juegos y apuesta- Decisión por suerte

  1. 7.    Gestión Colectiva:

a)    Sociedad civil-Asociación Civil

b)    Aparcería- Sociedad conyugal

  1. 8.    Esclarecimiento de Derecho:

a)    Transacción-Compromiso Arbitral.

Giori, agrupa los contratos con base en el fin perseguido por las partes y las define en categorías:

1)    Translativos de dominio: compraventa, donación y mutuo.

2)    Translativos de uso: arrendamiento y comodato

3)    Dirigidos a un facere: deposito, mandato y prestación de servicios profesionales

4)    Comunes: sociedad y asociación

5)    De garantía o accesorios: Fianza, prenda e hipoteca

 

Planiol ordena los contratos atendiendo a su objeto, ya sea que consista en una cosa con o sin contraprestación, en los grupos:

1)    Transmisión definitiva de ella: venta, permuta o donación y sociedad.

2)    Uso temporal de la misma: comodato y arrendamiento de cosa.

3)    Un trabajo gratuito o retribuido: mandato, arrendamiento de obras y servicios y sociedad.

4)    Un derecho en función de enajenación: donación, venta y cesión de derechos.

5)    Un derecho en función de garantía o de renuncia: prenda para el primero y remisión de deuda y transacción para el segundo.

Al dar lectura a las anteriores clasificaciones, es visible que tienen un grado de similitud y nada nos ofrece que en verdad sea nuevo, pero  el autor Castan Tobeñas,[24] nos da un panorama diferente, veámoslo;

  1. Negocios Jurídicos unilaterales y bilaterales o plurilaterales. Se clasifican los negocios jurídicos por su estructura, en unilaterales y bilaterales o plurilaterales, según sea necesaria para su existencia la voluntad de una parte o de dos o más. Es unilateral la aceptación o reputación de herencia, la renuncia de un derecho; bilaterales los contratos y demás negocios jurídicos en que hay concurrencia de declaraciones de la voluntad.

Especial configuración tienen los que la doctrina moderna llama actos complejos o colectivos (como el acuerdo para constituir una fundación, la asociación o sociedad etc), los cuales se diferencian de los contratos propiamente dichos en los que las partes no están una frente a otra ni tienen intereses opuestos, pues sus intereses son convergentes a un mismo fin. En estos negocios hay una sola parte, aunque la representen varias personas de manera conjunta.

  1. Negocios causales y formales o abstractos. Negocios causales son aquellos en que la causa (o convenio causal) forma parte integrante del negocio, quedando subordinada a ella la validez de este. Son abstractos aquellos en que la causa no está incorporados al negocio, sino separada de él, de tal modo que hay que buscarla fuera del negocio, en otra relación entre las partes y los efectos del negocio se producen, en principio, con independencia de ella. Se les llama también formales, porque en ellos ha de estar manifestada la voluntad bajo la forma determinada para que sea idónea a producir el efecto jurídico (por ejemplo títulos de crédito y letras de cambio).
  2.  Negocios jurídicos inter vivos y mortis causa. Son negocios inter vivos los destinados a regular las relaciones jurídicas, en vida, de una personalidad existente, aunque de ellos puedan nacer derechos cuyo ejercicio sea diferido al tiempo de la muerte del disponente (por ejemplo el seguro sobre la vida); y negocios mortis causa, los destinados a regular las relaciones jurídicas de esa persona para el caso de su futura desaparición (ejemplo el testamento).
  3. Derechos jurídicos familiares y patrimoniales. Por razón del fin que atienden, los negocios se dividen en familiares (como el matrimonio y la adopción) y patrimoniales, subdividiéndose estos últimos en eficacia real 8 que son los que crean derechos reales), negocios de eficacia personal (llamados negocios obligacionales) y negocios sucesorios.
  4. Negocios de atribución patrimonial. Corresponde a la doctrina alemana el mérito de haber hecho el análisis y el deslinde de esta clase de negocios, llamados también actos de enriquecimiento.
  5. Negocios jurídicos onerosos y gratuitos. Se dividen en aquellos que traen un enriquecimiento patrimonial, son gratuitos y honerosos (o lucrativos) según que la atribución patrimonial vaya acompañada de una contraprestación, o falte esta última, de tal modo que la adquisición de un derecho se realice sin sacrificio alguno por parte del adquirente.
  6. Negocios solemnes y no solemnes. Son negocios solemnes aquellos respecto a los cuales el ordenamiento jurídico exige que la manifestación de la voluntad se haga con formas determinadas y prescritas, sin cuya observancia no se produce el efecto querido. No solemnes, los que se hallan en el caso contrario.

Los solemnes se dividen en públicos y privados, según exijan o no la intervención de un funcionario, llevado en tal caso un principio de autenticidad y a su vez, según la índole de dicho funcionario, se subdistinguen los actos públicos en notariales, judiciales y gubernativos o administrativos.

  1. Negocios verdaderos y simulados. Por relación entre la apariencia y la realidad del negocio jurídico, este puede ser verdadero o simulado.
  2. Negocios directos e indirectos. Constituye el negocio indirecto una amplia categoría jurídica, integrada por todos aquellos negocios que para alcanzar un efecto jurídico se valen de una vía oblicua.

 AUTOR: LICENCIADO MANUEL CERVANTES HERNÁNDEZ


[1] DE PABLO SERNA, Pablo. El Contrato un Negocio Juridico.2ª edición, México, Edit. Porrúa, 2009, pag.10

[2] Ibid, p. 12

[3] Ibid, p .13

[4] Ibid, p. 59 y 60.

[5] ORTIZ URQUIDO, Raúl. Derecho Civil. 3ª edición, México. Edit. Porrúa,  1986, pagina 241.

[6] PAREDES SANCHEZ, Luis Eduardo. Presupuestos del Negocio Jurídico. México. Edit. Porrúa 2010, pagina 30.

[7] DOMINGUEZ MARTINEZ, José Alfredo. Derecho Civil parte general, personas, cosas, negocio jurídico e invalidez. México. Edit. Porrúa, 2010, pagina 518.

[8] DE CASTRO Y BRAVO FEDERICO. El Negocio Jurídico. Madrid. Edit. Civitas S.A, 1985, pagina XVII.

[9] Ibid, pagina XIX.

[10] DIEZ PICASO, Luis. Los Fundamentos del Derecho Civil patrimonial 2ª reimpresión, 1979, Madrid. Edit. Tecnos, 1979.

[11] SAVIGNY, MFC de, Sistema de Derecho Romano Actaul, vertido al castellano por Jacinto Mesia y Manuel Paley, 2ª edición, Madrid, Centro Editorial de Gongora sf de 6 tomos. Pagina 33

[12] DE PABLO SERNA, Carlos op cit pag 62, 63 y 64

[13] DE BUEN LOZANO, Néstor. La decadencia del Contrato. Veinte años después  y los tenues suspiros de la libertad contractual”. México. Edit. Porrúa, 2004, pagina 6.

[14] Mazeud, Henri, León y Jean. Lecciones de Derecho Civil, Edit. Jurídicas Europea-América, Buenos Aires, 1960, trat. De Luis Alcala y Zamora y Castillo, Parte Segunda, Vol I, pagina 70.

[15] SALVADOR  RUIZ DE CHAVEZ SALAZAR y SALVADOR RUIZ DE CHAVEZ OCHOA. Importancia jurídica y practica de las clasificaciones de los contratos civiles, Porrúa, México, 1991, página 9

[16] Ibid página 10

[17] Ibid página 10

[18] Ibid página 10

[19] Ibid pagina 12

[20] FIGUEROA, Luis Mauricio. Los contratos Civiles. México, Edit. Porrúa 2007, página 340

[21] Ibid página 7

[22] TREVIÑO GARCIA, Ricardo. Los Contratos Civiles y sus Generalidades. México 6ta edición.  Edit. MacGraw-Hill, paginas 21 ss.

[23] SANCHEZ MEDAL, Ramón. De los Contratos Civiles, México. Edit. Porrúa 1994, pagina 114.

[24] CASTAN TOBEÑAS, José. Derecho civil español, común y formal I. 9es, Reus, España 1990, paginas 505-512.

 

 

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